Afirman que los celulares "pacificaron" las cárceles y que menos del 1% se usa para delinquir

En medio del avance de medidas oficiales para bloquear señales de telefonía en cárceles federales y de proyectos para restringir el uso de celulares en unidades penitenciarias bonaerenses, el coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, defendió la utilización de esos dispositivos en contextos de encierro y afirmó que “garantiza derechos”.

En declaraciones al portal Infocielo, Cipriano sostuvo que “la política de los teléfonos en las cárceles es muy buena” y remarcó que el acceso a celulares permitía sostener vínculos familiares, contacto con abogados y distintas comunicaciones indispensables para las personas privadas de la libertad.

Para el referente de derechos humanos, la discusión pública suele enfocarse exclusivamente en los riesgos vinculados a delitos organizados desde prisión, dejando de lado otros usos cotidianos y legítimos de la telefonía móvil. “Garantiza derechos”, insistió al justificar la permanencia de esos dispositivos dentro de las unidades penitenciarias.

Además, relativizó uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes promueven prohibiciones totales. Según señaló, solo el 0,6% de los teléfonos se utilizaría para cometer ilícitos, por lo que consideró desproporcionado impulsar medidas generales por un universo minoritario de casos.

Cipriano también afirmó que desde la implementación de esta política bajaron los homicidios en las cárceles y aseguró que los directores de 74 establecimientos carcelarios relevados por la CPM la defienden porque "pacificó la cárcel"

El debate por el uso de celulares en las cárceles

Días atrás, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la Resolución 336/2026, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a instalar tecnología para detectar e inutilizar celulares dentro de cárceles federales mediante identificación de dispositivos. La medida apunta a frenar estafas, amenazas y otras maniobras delictivas coordinadas desde prisión.

En paralelo, en la provincia de Buenos Aires también se multiplicaron proyectos legislativos orientados a limitar o prohibir la tenencia de teléfonos móviles por parte de internos, con argumentos centrados en la seguridad pública.

Frente a ese escenario, Cipriano puso el eje en las garantías básicas dentro del encierro. “La política de los teléfonos en las cárceles es muy buena”, reiteró, al considerar que la solución no pasa por la prohibición absoluta sino por controles adecuados y mejores condiciones de detención.