El Gobierno habilita el bloqueo de celulares en cárceles federales para frenar delitos desde prisión

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una medida para reforzar el control dentro de las cárceles federales: autorizó la instalación de tecnología destinada a detectar y bloquear teléfonos celulares en manos de personas privadas de la libertad. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El objetivo central de la medida es impedir que organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Según el texto oficial, el uso ilegal de dispositivos móviles por parte de internos representa un riesgo para la seguridad pública, ya que permite planificar y coordinar delitos desde prisión.

Si bien la legislación vigente reconoce el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, también establece límites claros. En particular, prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, por lo que el Estado debe garantizar mecanismos eficaces para hacer cumplir esa restricción.

En este contexto, la resolución autoriza al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas tecnológicos capaces de identificar y bloquear señales asociadas a dispositivos móviles, mediante la detección de códigos como IMEI e IMSI, que permiten reconocer cada equipo y línea telefónica.

Desde el Gobierno sostienen que la medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad penitenciaria y reducir la incidencia del delito organizado. En los últimos años, distintos casos evidenciaron cómo bandas delictivas lograban mantener operaciones activas a pesar de tener a sus líderes detenidos.

La situación en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires

Un caso emblema que expone lo que el gobierno nacional definió como "la pyme del delito", en relación a las extorsiones y estafas virtuales desde las cárceles, es el del trabajador rural todavía desaparecido, Juan Carlos Woldryk, a raíz de un caso de "sexrtorsión".

“Hay una infinidad de casos que derivan en consecuencias fatales”, dijo la jueza federal Sandra Arroyo Salgado semanas atrás en la presentación de un informe junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La letrada mencionó así el caso Woldryk y sostuvo que “pese a que su familia ha publicitado reiteradamente que ya se descubrió que estaba siendo víctima de maniobras extorsivas, no ha aparecido”.

Luego de esa presentación, en la provincia de Buenos Aires se originó un debate por el uso de celulares en cárceles y se presentaron diferentes proyectos para tratar los delitos que se organizan desde las prisiones, con el objetivo de evitar estafas, extorsiones y crímenes organizados.

Entre las iniciativas en danza, el Frente Renovador impulsa la prohibición de tenencia y uso de celulares, además de la instalación de inhibidores de señal en las cárceles. En tanto, La Libertad Avanza propone limitar las comunicaciones a un máximo de dos horas diarias con contactos previamente autorizados. Otros bloques, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), impulsan iniciativas similares.