Debate por el uso de celulares en cárceles: proyectos para frenar delitos desde prisión

El uso de celulares en cárceles bonaerenses se instaló en el centro del debate político y judicial, tras el crecimiento de delitos coordinados desde el interior de los penales. Estafas telefónicas, extorsiones e incluso homicidios aparecen vinculados a comunicaciones realizadas por internos, lo que encendió alarmas en el sistema de seguridad.

Lo que comenzó como una medida excepcional en el contexto de la pandemia de Covid-19 en la actualidad es cuestionado por amplios sectores que advierten sobre sus consecuencias. En la Legislatura bonaerense, oficialismo y oposición avanzan con proyectos que, aunque con matices, coinciden en un objetivo: limitar o eliminar el uso de teléfonos móviles en prisión.

El ingreso de celulares a las cárceles fue habilitado el 30 de marzo de 2020, en plena emergencia sanitaria, a partir de un hábeas corpus colectivo. La medida buscaba garantizar la comunicación de los internos con sus familias ante la suspensión de visitas presenciales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa excepción derivó en un problema estructural. Según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas crecieron un 77,7% en el primer año de implementación, mientras que investigaciones judiciales detectaron patrones de delitos organizados desde las cárceles.

La propuesta del oficialismo: “celda sin celular” y control total

Desde el Frente Renovador impulsan un proyecto para prohibir la tenencia y el uso de celulares en todas las unidades penitenciarias de la provincia. La iniciativa plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal, controles tecnológicos permanentes y requisas periódicas.

Además, establece que las comunicaciones de los internos deberán realizarse únicamente a través de sistemas supervisados, garantizando el contacto con familiares y abogados, pero evitando usos indebidos.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos”, señalaron desde el espacio, en línea con la necesidad de reforzar la seguridad sin eliminar derechos básicos.

La oposición también avanza: LLA, PRO y UCR impulsan restricciones

El debate por los celulares en cárceles no divide aguas políticas. Desde distintos bloques de la oposición también se presentaron proyectos para endurecer los controles.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Oscar Liberman impulsó la denominada “Ley Rodrigo”, que propone derogar los permisos vigentes y limitar las comunicaciones a un máximo de dos horas diarias con contactos previamente autorizados.

En el PRO, el senador Alex Campbell presentó una iniciativa para prohibir los celulares en todos los pabellones e instalar inhibidores de señal, además de reforzar los controles internos.

Por su parte, desde la UCR ya se habían promovido proyectos similares orientados a restringir cualquier dispositivo que permita comunicaciones no autorizadas dentro de los penales.

El caso Rodrigo Gómez

El debate tomó mayor fuerza tras el caso de Rodrigo Gómez, cuya muerte estuvo vinculada a una extorsión telefónica organizada desde una unidad penitenciaria. La investigación expuso cómo una comunicación iniciada desde la cárcel puede desencadenar consecuencias trágicas fuera de ella.

Este episodio, junto con otras causas como la denominada “Banda del Millón”, evidenció un patrón: líderes delictivos que, aun privados de su libertad, continúan operando mediante celulares, coordinando robos, amenazas y maniobras fraudulentas.

Las investigaciones judiciales detectaron mecanismos repetidos en este tipo de delitos. Generalmente, los internos acceden a celulares —muchas veces ingresados de forma ilegal— y realizan llamadas o contactos a través de redes sociales.

A partir de engaños, se hacen pasar por familiares, empleados de bancos o incluso fuerzas de seguridad, generando situaciones de urgencia que derivan en transferencias de dinero o entrega de información sensible.

Este esquema, replicado en distintos puntos del país, es uno de los principales argumentos para impulsar restricciones más severas.

Qué dicen los especialistas en seguridad

Desde el ámbito judicial, advierten que el uso de celulares dentro de las cárceles se convirtió en un eslabón clave del delito organizado. Fiscales y expertos en criminología coinciden en que la falta de controles efectivos facilita la continuidad de las actividades ilícitas.

En ese sentido, remarcan que el desafío no es solo prohibir dispositivos, sino garantizar mecanismos de control real y sostenido dentro del sistema penitenciario.

Más allá del consenso político en avanzar con restricciones, el debate por los celulares en cárceles abre una discusión más profunda: cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos de las personas privadas de su libertad.

Mientras algunos sectores sostienen que la prohibición total es necesaria para frenar el delito, otros advierten que cualquier medida debe respetar garantías básicas, como el derecho a la comunicación.

En este escenario, la Legislatura bonaerense se encamina a discutir una reforma que podría marcar un cambio clave en el sistema penitenciario, en medio de una creciente preocupación social por los delitos organizados desde prisión.