El área de Discapacidad celebró la votación en Diputados: "Seguimos luchando por la comunidad"

La Oficina de Discapacidad del Municipio de Bolívar se pronunció públicamente en medio de la tensión política y judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras la votación en la Cámara de Diputados y la decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo que ordena su aplicación inmediata.

En la previa al debate legislativo, desde el área municipal informaron que seguían de cerca la sesión en Diputados, donde se trató el proyecto de Ley de Presupuesto 2026. Según indicaron, la iniciativa incluía artículos vinculados a áreas sensibles como Discapacidad, el Hospital Garrahan y las universidades nacionales.

Luego de conocerse el resultado de la votación, la Oficina de Discapacidad de Bolívar celebró que Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero rechazó el capítulo que buscaba derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Desde el organismo destacaron que esta decisión legislativa representa un respaldo a los derechos de las personas con discapacidad y a la continuidad de políticas públicas esenciales. En ese sentido, subrayaron que la ley y los fondos destinados al Hospital Garrahan “sostienen el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación”, y remarcaron que estos derechos deben prevalecer frente a cualquier restricción presupuestaria.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir acompañando a las personas con discapacidad y a sus familias, y de mantenerse atentos al desarrollo del debate legislativo tanto en el Senado como en Diputados.

La apelación del Gobierno y el fallo judicial

El posicionamiento de la Oficina de Discapacidad de Bolívar se conoció en paralelo a la decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que declaró inválido un artículo del decreto presidencial que suspendía la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La apelación fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación y concedida con efecto devolutivo, lo que implica que el fallo continúa vigente mientras la causa es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

El magistrado había ordenado la aplicación inmediata de la ley y cuestionado el argumento del Poder Ejecutivo sobre la falta de partidas presupuestarias, al señalar que la propia norma habilita la reasignación de fondos para garantizar su cumplimiento.

Un contexto de fuerte impacto social

En su resolución, el juez advirtió que la suspensión de la ley implicaba una forma de discriminación hacia las personas con discapacidad y profundizaba una crisis marcada por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios de salud, educación y rehabilitación.

Este escenario fue el que motivó el seguimiento y la intervención pública de la Oficina de Discapacidad de Bolívar, que insistió en la necesidad de sostener políticas activas y respuestas inmediatas frente a la emergencia que atraviesa el sector.

Desde el área municipal reiteraron que continuarán acompañando el proceso legislativo y judicial, con el objetivo de garantizar la protección integral y el acceso efectivo a derechos de las personas con discapacidad.