La oposición logró que el Tribunal de Cuentas revise una denuncia sobre el Cierre de Ejercicio 2025

El desconcierto generado por la aprobación automática de la Rendición de Cuentas 2025 de la Municipalidad de Bolívar sumó un nuevo capítulo. Los bloques de concejales UCR y Hechos informaron este jueves que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió incorporar una denuncia presentada por ambas bancadas al estudio de las cuentas correspondientes al último ejercicio municipal.

La presentación había sido realizada el 30 de mayo por los concejales María Emilia Palomino, Pablo Fabris y Karina Otano, de la UCR, junto a Nicolás Morán y María Cristina Quibus, del bloque Hechos, luego de que la Rendición de Cuentas quedara aprobada automáticamente por el vencimiento de los plazos legales para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

Según informaron los bloques opositores, el Tribunal de Cuentas dispuso, mediante el Acuerdo N° 19 del 25 de junio de 2026, incorporar la denuncia al análisis de la Cuenta de la Municipalidad de Bolívar correspondiente al ejercicio 2025. La notificación fue recibida por los concejales durante la jornada de este jueves.

En la denuncia, los concejales sostuvieron que se produjo un incumplimiento del plazo previsto en el artículo 23 de la Ley 10.869 para el tratamiento legislativo de la Rendición de Cuentas, situación que derivó en su aprobación automática sin debate en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante.

Asimismo, los bloques opositores señalaron una serie de indicadores económicos y financieros que, a su criterio, ameritan una revisión exhaustiva por parte del organismo provincial. Entre ellos mencionaron un déficit corriente de 3.690 millones de pesos, un incremento del 140% del pasivo corriente, una deuda con proveedores superior a los 5.200 millones de pesos, excesos presupuestarios y obras con escasa o nula ejecución presupuestaria.

Desde la UCR y Hechos consideraron que la decisión del Tribunal de Cuentas constituye "un paso institucional importante", ya que permitirá que los hechos denunciados sean analizados en el marco de las facultades de control que posee el organismo sobre la administración y aplicación de los recursos públicos municipales.