Muertes por intoxicación en Pirovano: piden investigar una posible contaminación ambiental e irregularidades en las fumigaciones

La investigación por la muerte de una mujer y sus dos hijos en una vivienda rural de Pirovano sumó nuevas presentaciones judiciales vinculadas con una posible contaminación ambiental. Un grupo de patrocinio jurídico en materia ambiental encabezado por el abogado Fernando Cabaleiro informó que la Fiscalía 15 de Bolívar, a cargo de la instrucción de la causa, recibió sus planteos y que uno de ellos ya fue incorporado a la investigación penal.

El caso se remonta al 29 de octubre, cuando fueron encontrados sin vida Rosana Paola Camargo y sus hijos Oscar Alberto Velazco, de 17 años, y Santa María Velazco, de 15, en una vivienda ubicada en un establecimiento rural a unos 15 kilómetros de Pirovano, en dirección a Daireaux. Otros dos hijos de la mujer, de 18 y 24 años, sobrevivieron y fueron trasladados al Hospital Municipal de Olavarría para recibir tratamiento.

Los informes de autopsia determinaron la presencia de monóxido de carbono y dejaron abierta la posible intervención de otras sustancias tóxicas. La identificación de esos compuestos y la determinación de las causas de las muertes forman parte de las medidas pendientes. En ese contexto, se investiga si pudieron intervenir productos utilizados en aplicaciones agrícolas realizadas en el predio.

Los planteos presentados ante la Fiscalía

Según informó días atrás Naturaleza de Derechos, el grupo encabezado por Cabaleiro, la fiscal Julia María Sebastián recibió dos presentaciones vinculadas con el caso. La primera solicita que se investiguen posibles delitos de contaminación ambiental contemplados en los artículos de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

En tanto, la segunda presentación apunta a investigar posibles responsabilidades de funcionarios municipales y provinciales. La organización fundamentó el planteo en la doctrina del “control aparente”, aplicada en una causa judicial de Pergamino en la que fueron condenados funcionarios por su actuación en el control de las aplicaciones de agroquímicos.

De acuerdo con lo informado por Naturaleza de Derechos, la fiscalía registró esa denuncia y comunicó que deberá ser abordada como un posible caso de violencia institucional. Por ese motivo, su tratamiento corresponde a la fiscalía centralizada del Departamento Judicial de Azul.

En cuanto a las medidas dispuestas en la investigación, se informó que la Fiscalía ordenó tomar muestras de suelo y material biológico de las víctimas y de los sobrevivientes para realizar análisis toxicológicos. La organización propuso que los estudios ambientales sean realizados por el Centro de Investigaciones del Medioambiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Otra de las medidas fue el secuestro de una máquina fumigadora y de su GPS, elementos que permitirán reconstruir el recorrido del equipo y los horarios de las aplicaciones. En su publicación, Naturaleza de Derechos también indicó que, a partir de sus propias pesquisas y de información que asegura haber confirmado, el aplicador tenía la credencial vencida desde hacía años. Además, sostuvo que los registros relevados muestran que durante los últimos diez años no se habrían confeccionado recetas agronómicas para las aplicaciones realizadas en ese establecimiento.

El reclamo por la ordenanza de agroquímicos de Bolívar

El caso también volvió a poner en discusión los cambios introducidos en la normativa municipal que regula las aplicaciones de agroquímicos.

En agosto de 2024, el Concejo Deliberante aprobó modificaciones a la Ordenanza 2459/17. La normativa original establecía distancias de resguardo de aproximadamente 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 2.000 metros para las aéreas, en zonas urbanas, escuelas rurales, viviendas habitadas y otros espacios protegidos.

En abril de 2025, el Colectivo Tierra Viva informó que había iniciado una demanda contra la Municipalidad ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para solicitar la suspensión de los cambios y la declaración de inconstitucionalidad de la modificación. En aquella oportunidad, el propio Cabaleiro sostuvo que la reforma implicaba un retroceso en materia de protección ambiental y vulneraba el principio constitucional de progresividad.

Ahora, Naturaleza de Derechos informó que la Suprema Corte bonaerense fue puesta en conocimiento de la situación de Pirovano y que presentó un pedido para que se otorgue tratamiento preferente al planteo relacionado con la restitución de las distancias de resguardo de la ordenanza.

La organización señaló que busca que vuelvan a establecerse medidas de protección frente a las aplicaciones en las localidades del partido. Mientras tanto, la investigación penal deberá determinar qué sustancias estuvieron presentes, cómo se realizaron las aplicaciones en el establecimiento rural y si existió alguna relación con la muerte de los tres integrantes de la familia.