MEDIOAMBIENTE
El Colectivo Tierra Viva demandó a la Municipalidad por la modificación de la ordenanza de regulación de agroquímicos
El Colectivo Tierra Viva de Bolívar llevará adelante este jueves 17 de abril a las 18 horas, una reunión abierta informativa en la que se tratará el tema de las acciones legales que inició contra la Municipalidad por la modificación de la ordenanza de regulación de agroquímicos. En la oportunidad, estará presente el abogado de la causa, Fernando Cabaleiro.
En agosto de 2024, en sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza que modifica puntos centrales de la normativa 2459/17 que regula el uso de agroquímicos en el partido de Bolívar. En la oportunidad, el Colectivo Tierra Viva compartió un comunicado que encabezó con la afirmación: “El Honorable Concejo Deliberante resolvió por unanimidad que en Bolívar hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
En ese marco, este jueves 17 de abril, en avenida Brown 685, 2º piso, tendrá lugar un conversatorio organizado por la agrupación local que contará con la presencia del abogado Fernando Cabaleiro y se tratará la demanda al Municipio ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para suspender la ordenanza que reduce la distancia de las fumigaciones.
Según el Colectivo, la modificación aprobada en agosto de 2024 dejó “varias áreas y poblaciones desprotegidas, entre ellas algunas muy sensibles como las escuelas rurales de todo el partido”. Además, la agrupación sostiene que “la legislación y la jurisprudencia en materia ambiental en nuestro país, sólo admiten la ampliación de derechos, nunca el retroceso. Por eso es necesario detener todo intento de regresión con las herramientas jurídicas que provee la democracia”.
En horas de la mañana de este jueves la agrupación convocó a los medios locales para dar a conocer la actividad que tendrá lugar a partir de las 18 horas. “Desde el marco legal, la ordenanza 2459/17 establecía distancias de unos mil metros para las fumigaciones terrestres y 2 mil para las aéreas, en todo lo que tiene que ver con la zona urbana, las escuelas rurales, las viviendas reales habitadas, los cursos de agua, los pozos de bombeo de agua para consumo animal y humano”, explicó Mónica González, integrante del Colectivo Tierra Viva.
En tanto, el abogado Fernando Cabaleiro afirmó que la demanda hacia la Municipalidad local “ya está presentada formalmente” y apunta a solicitar la “declaración de inconstitucionalidad en la ordenanza porque viola el principio de progresividad, que es un principio constitucional”.
El profesional destacó que la normativa “era una la más progresivas de la provincia de Buenos Aires y tuvo en cuenta para su redacción toda la información que se viene recolectando a nivel mundial y muy principalmente en Argentina, a través de los estudios e investigaciones que se han hecho en las universidades públicas y del Conicet”.
Cabaleiro indicó que en Mar del Plata, la asamblea Paren de fumigar fue a la justicia, ya que una ordenanza establecía una distancia de protección de mil metros y después se avanzó en una modificación que la redujo a 100 metros, en la que permitían la 'banda verde'.
“La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires la suspendió por violar el principio de regresión. Nosotros vamos a pedir que se aplique la doctrina de ese caso, más allá que en Bolívar se fue mucho más allá porque hay ciertas inconsistencias y lo que vemos es que el poder Legislativo local no leyó siquiera la resolución porque se suspenden tres artículos de la ordenanza, que quedan supeditados a un resultado de un trabajo que se está haciendo a nivel provincial con el Observatorio Técnico de Agroquímicos, que surge a partir del cuestionamiento a la resolución del veneno en el 2018, que permitía fumigar a cero metros”, mencionó el abogado.
Más adelante, Mónica dio a conocer que uno de los artículos que fue suspendido por la modificación que se hizo en agosto del año pasado tiene que ver con la implementación de una barrera vegetal alrededor de las escuelas rurales. Al respecto, expresó que “¿cómo se puede concebir que un municipio a lo largo de siete años que son los que tiene la ordenada original, no haya podido establecer barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales? Pensemos en la falta de voluntad política, la negligencia, la desidia”.
“La demanda apunta a la declaración de nulidad que conlleva la inconstitucionalidad. Quiero recalcar la importancia que tiene el caso de Bolívar porque es la ordenanza más progresiva que se ha sancionado y nos parece muy importante defenderla porque tiene también implicancia para el resto de la población”, terminó el abogado Cabaleiro.
