Presentaron un amparo judicial para frenar la licitación de rutas, entre ellas la 205 y la 226

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 1843/2025, mediante la cual el Gobierno nacional avanzó en el llamado a licitación de distintos tramos de rutas y autopistas bajo el esquema de concesión por peaje.

La resolución, dictada por el Ministerio de Economía de la Nación el 20 de noviembre, forma parte de la Red Federal de Concesiones – Etapa II e incluye corredores estratégicos como la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, estas dos últimas con fuerte incidencia en el centro de la provincia de Buenos Aires y en particular en el partido de Bolívar.

En su presentación, Gray solicita que se suspenda el proceso licitatorio al considerar que la normativa vulnera principios constitucionales y avanza en la concesión de rutas sin un ente regulador independiente creado por ley que controle tarifas, obras y calidad de los servicios.

El llamado oficial contempla una Licitación Pública Nacional e Internacional para la construcción, mantenimiento, administración y explotación de los corredores viales, habilitando además “explotaciones complementarias” que permitirían ingresos adicionales a las empresas concesionarias.

El impacto en la ruta 205 y la ruta 226 que atraviesan Bolívar

La iniciativa genera preocupación en municipios del interior bonaerense por el impacto que podría tener en rutas clave para la producción agropecuaria y el tránsito regional, como la ruta 205 y la ruta 226, ambas con paso por Bolívar.

La ruta 205 es un corredor fundamental para la conexión con el AMBA, mientras que la ruta 226 articula el centro de la provincia con ciudades como Olavarría, Tandil y Mar del Plata. Productores, transportistas y usuarios habituales advierten que una nueva concesión podría traducirse en más peajes y mayores costos logísticos, con efecto directo en la economía regional.

El respaldo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial

La decisión del intendente fue celebrada por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que respaldó la presentación judicial y reiteró sus críticas al esquema de concesiones.

Desde la entidad señalaron que el plan oficial profundiza un sistema de “falso peaje” que funciona como un impuesto al tránsito y que, según su postura, resulta inconstitucional, injusto y antieconómico, con consecuencias sociales y económicas para usuarios directos e indirectos.

Además, remarcaron como punto central la ausencia de un organismo regulador que garantice la participación de los usuarios y el control efectivo de las concesiones.

Corredores Viales SA y el proceso de privatización

La acción judicial también apunta contra el proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal que actualmente administra varios de los principales corredores del país y que se encuentra intervenida desde principios de abril por una funcionaria designada por el presidente Javier Milei.

Según Gray, avanzar en concesiones sin control independiente puede derivar en prestaciones deficientes, prácticas monopólicas y falta de cumplimiento de inversiones, afectando la seguridad vial y el bolsillo de los usuarios.

Advertencias sobre costos y peajes

El jefe comunal advirtió que, de concretarse el esquema previsto, viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Bahía Blanca podría costar alrededor de $40.000, atravesando ocho peajes.
“Si no actuamos hoy, mañana viajar será un lujo”, sostuvo.

Si bien se trata de una estimación, el planteo reaviva el debate sobre el impacto económico de los peajes en rutas nacionales, especialmente en corredores utilizados diariamente por trabajadores, productores y transportistas.

La presentación judicial quedó en manos de la Justicia, que deberá definir si hace lugar a la medida cautelar solicitada. En caso de prosperar, el proceso licitatorio podría quedar suspendido de manera provisoria. Si no, el Gobierno nacional continuará con la adjudicación de los tramos, algunos de los cuales ya avanzaron en etapas preliminares.

Mientras tanto, el debate sobre la concesión de rutas, los peajes y el futuro de corredores estratégicos como la 205 y la 226 sigue abierto y genera expectativa en municipios del interior bonaerense como Bolívar.