¿El fin de los cortes de luz? Qué hay detrás de la decisión del Gobierno de extender la emergencia energética

El Gobierno nacional dispuso extender la emergencia en el sector eléctrico al menos hasta fin de año, con el objetivo de asegurar el abastecimiento energético mientras se ejecutan obras estratégicas para fortalecer el sistema y reducir el riesgo de cortes masivos de luz. La prórroga anterior venció el pasado 9 de julio, por lo que el equipo económico tiene listo un nuevo decreto que se publicará en el Boletín Oficial entre este lunes y martes. En paralelo, la emergencia para el transporte y la distribución de gas continuará vigente hasta fines de 2026.

La decisión busca otorgarle al Poder Ejecutivo mayor margen de acción mientras el sector privado avanza con inversiones destinadas a incrementar la capacidad de generación, transporte y almacenamiento en todo el país. Fuentes del sector señalaron que la intención oficial es que esta sea una de las últimas prórrogas, ya que las principales obras licitadas deberían comenzar a entrar en funcionamiento durante 2027, permitiendo dejar atrás el régimen de excepción.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Gobierno declaró y luego prorrogó en dos oportunidades la emergencia energética, al considerar que el sistema presentaba un deterioro significativo tras años de falta de inversión. El decreto previo justificó la medida por la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos frente a un escenario caracterizado por problemas en la infraestructura, distorsiones tarifarias y ausencia de señales de mercado para incentivar inversiones.

En ese marco, el oficialismo ya implementó profundas reformas sectoriales. Entre los principales cambios figura la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que estableció un esquema de actualización mensual de tarifas junto con compromisos de inversión para las empresas distribuidoras y transportistas. Asimismo, se transformó el régimen de subsidios (dejando atrás el RASE para ir a un sistema más focalizado) y se profundizó la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

A estas medidas regulatorias se sumaron decisiones de fuerte impacto político, como la reconcesión de las represas hidroeléctricas del Comahue y la transferencia al sector privado de Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica del país. Ahora, el eje central de la estrategia oficial pasa por la ejecución de obras millonarias que permitan aumentar la capacidad del sistema y evitar interrupciones del servicio durante los picos de consumo.

Entre los proyectos más avanzados se encuentran inversiones por US$ 650 millones destinadas a sistemas de almacenamiento de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuya puesta en marcha comenzaría hacia diciembre. Además, la Secretaría de Energía adjudicó recientemente obras por otros US$ 700 millones para incorporar más de 700 megavatios (MW) mediante baterías de almacenamiento distribuidas en siete regiones del país para responder ante la máxima demanda.

En paralelo, el Gobierno avanza con licitaciones por US$ 6.600 millones para fortalecer el sistema nacional de transporte eléctrico, considerado uno de los principales cuellos de botella de la infraestructura energética argentina. El plan contempla 16 proyectos prioritarios, íntegramente financiados por capital privado, que incluyen la construcción de más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión en distintos puntos del territorio nacional.

Entre las obras de transporte más relevantes figuran el proyecto AMBA I, destinado a reforzar el abastecimiento en la región que concentra cerca del 40% del consumo eléctrico del país, y dos nuevas líneas de transmisión de 500 kV que conectarán Mendoza y Chubut con la provincia de Buenos Aires. Con estas inversiones, el Gobierno apuesta a robustecer la red eléctrica nacional y dejar atrás definitivamente la emergencia energética que arrastra desde el inicio de la gestión.