Gremios docentes llevarán adelante el próximo jueves 22 de junio un paro nacional en rechazo a la reforma constitucional aprobada este martes en la Provincia de Jujuy. En Bolívar, la medida impactará en todas las escuelas públicas.

Tras la convocatoria de la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA) y de  Docentes Argentinos Confederados (DAC) como consecuencia de la represión desatada en la provincia del Norte, los gremios docentes bonaerenses anunciaron su adhesión al paro nacional docente, por lo que el jueves no habrá clases en ningún establecimiento educativo de carácter estatal. 

Tanto el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes (UDOCBA) y la Asociación de Magisterio y Enseñanza Técnica (AMET) repudiaron "todo tipo de accionar que atente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras" y declararon su "apoyo al pueblo jujeño". 

¡BASTA DE REPRIMIR AL PUEBLO JUJEÑO! pic.twitter.com/oCOzrdKUu2

— CTERA (@cteracta) June 20, 2023

Asimismo, exigieron un "urgente aumento salarial a los docentes", que vienen realizando una medida de fuerza desde hace varios días. Al respecto, desde CTERA describieron que "la creciente conflictividad en Jujuy es producto del accionar del Gobernador Gerardo Morales que otorga aumentos por decretos, sin diálogo".

Para los sindicatos, además, la reforma de la Constitución provincial que se aprobó este martes en medio de incidentes y represión en las inmediaciones de la Legislatura jujeña es "inconsulta y antidemocrática".

"Con esta reforma se habilita el despojo de tierras a las comunidades originarias. Jujuy es un laboratorio de lo que quiere hacer la derecha en Argentina si vuelve a gobernar. Que cualquiera que levante su voz y ejerza su derecho a la protesta, vaya preso", manifestaron.

Qué pasa en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró este martes la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial. Producto del clima de tensión y de violencia en las afueras de la legislatura, dio marcha atrás con la modificación de dos artículos que eran objetados por representes de comunidades originarias, aunque resolvió mantener la prohibición de la protesta social.