Avanza la batalla judicial entre la Municipalidad y Nicolás Zirpoli por el terreno del parque Las Acollaradas

La Municipalidad de Bolívar recurrió a la Justicia para recuperar un terreno ubicado dentro del alambrado perimetral que divide el parque Las Acollaradas del barrio María del Carmen. La parcela fue aquirida por un comerciante gastronómico que proyecta instalar allí un patio de comidas, pero el gobierno local sostiene que ese espacio forma parte del parque y que fue ocupado de forma clandestina. El comprador, Nicolás Zirpoli, respondió a la demanda y la resolución está ahora en manos del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Azul.

La Municipalidad, a través de su apoderado legal, Dr. Marcos Beorlegui, presentó una demanda de interdicto de recobrar contra Zirpoli, un procedimiento judicial que permite reclamar la restitución de un inmueble cuando se considera que alguien fue privado de la posesión que ejercía anteriormente.

En el escrito, la Municipalidad sostiene que "fue despojada" del inmueble en cuestión "mediante actos ejecutados clandestinamente, consistentes en el ingreso, alambrado, realización de trabajados y construcciones, instalación o gestión de servicios y ocupación material de una parcela que se encontraba hasta el 13 de agosto de 2026 integrada al espacio físico y funcional del parque municipal Las Acollaradas".

Además, argumenta que el Estado local ejercía desde hace más de 25 años una relación material con el terreno, a través de su delimitación, alambrado, limpieza, mantenimiento, forestación y cuidado del arbolado.

Beorlegui deja en claro que no busca discernir en esta instancia de quién es la propiedad de la tierra sino recuperar la posesión que afirma haber tenido la Municipalidad hasta la "ocupación" por parte de Zirpoli. Cabe resaltar que la Justicia ya dictó una medida cautelar que impide al comprador realizar nuevas intervenciones en el terreno hasta tanto no se resuelva la demanda.

El boleto de compraventa y sus interpretaciones

Uno de los puntos centrales de la discusión es la interpretación del boleto de compraventa firmado por Zirpoli y la familia Andonegui, entonces propietaria de la parcela ubicada en calle Esperanza y continuación Sargento Cabral. La cláusula sexta del boleto expresa:

"El comprador declara conocer y aceptar que el terreno actualmente se encuentra ocupado por la Municipalidad de Bolívar como parte del parque municipal, circunstancia que reconoce expresamente, renunciando a efectuar futuros reclamos por dicha situación, sin perjuicio de que el dominio del inmueble se encuentra debidamente inscripto a nombre de la familia Andonegui en el Registro de la Propiedad Inmueble y con las tasas municipales al día."

Para el Ejecutivo, esa mención demostraría que Zirpoli sabía que la parcela estaba integrada al espacio público antes de concretar la operación.

Con el patrocinio del abogado Agustín Fal, Zirpoli contestó la demanda y pidió que sea rechazada, bajo el argumento de que la Municipalidad nunca ejerció la posesión efectiva de esa parcela y que, por lo tanto, no puede reclamar que se le restituya algo que, según su postura, nunca tuvo.

En el escrito, presentado el último viernes, se remarca que la expresión utilizada en el boleto es “ocupado”, y no “poseído” ni “poseído en concepto de dueño”. Por ese motivo, Zirpoli afirma que el documento “no contiene una confesión de que la Municipalidad hubiera ejercido una posesión jurídicamente relevante y exclusiva sobre la parcela".

Otro de los puntos de la presentación involucra al intendente Eduardo Bucca. Zirpoli afirma que en mayo de 2026 mantuvo una reunión con el jefe comunal, durante la cual le presentó su proyecto gastronómico y habría recibido una respuesta favorable.

Según su relato, posteriormente el director municipal de Planeamiento, Marco Sarracino se comunicó con él por pedido del intendente para conocer sus necesidades y solicitarle el plano de obra. Las conversaciones de WhatsApp, a las que tuvo acceso PRESENTE, fueron presentadas ante la Justicia y podrían contradecir la acusación de que la ocupación se realizó clandestinamente.

Otro de los ejes de la contestación está relacionado con las gestiones que Zirpoli realizó ante distintas dependencias municipales. Entre ellas, menciona la asignación de numeración domiciliaria por parte de Catastro, pagos de tasas y gestiones para obtener conexiones de agua, cloacas y electricidad. También hace referencia al decreto municipal 1158, del 3 de septiembre de 2026, mediante el cual se dispuso interrumpir y desconectar el servicio de agua y devolver los importes abonados.

Para la defensa, estas actuaciones demostrarían que la Municipalidad conocía su vinculación con el inmueble y contradicen la versión de una ocupación clandestina.

Testigos

Además de las pruebas documentales que cada una de las partes ofrece para defender su posición ante la justicia civil, se conocieron algunos nombres que fueron ofrecidos como testigos de cara a un eventual llamamiento a prestar testimonio.

Uno de ellos es el del ex intendente Juan Carlos Simón, ya que bajo su gestión se habría acordado de palabra con los propietarios de los terrenos la delimitación vía alambrado olímpico del parque las Acollaradas frente al barrio María del Carmen. También están incluídos en la nómina el ex director de Obras Públicas, Luciano Carballo Laveglia y Marco Sarracino.

La discusión judicial deberá establecer quién ejercía la posesión anterior del inmueble y si, como sostiene el gobierno municipal, existió un despojo que justifique ordenar su restitución. Fuentes especializadas en derecho consultadas para esta nota aseguraron que lo que defina la Justicia en esta instancia determinará el resto de la disputa legal.