El debate por la reforma laboral se postergó para el próximo año: los principales puntos del proyecto

El oficialismo en el Senado logró el pasado jueves avanzar con la firma del dictamen del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que inicialmente se preveía tratar antes de fin de año. Sin embargo, la ministra de Seguridad y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el debate en el recinto no se realizará en diciembre y que fue postergado para el 10 de febrero de 2026.

La decisión se tomó durante el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, Bullrich explicó que la firma del dictamen será “abierta a modificaciones” y que durante enero y los primeros días de febrero se analizarán propuestas y eventuales cambios al texto.

El proyecto, que busca modificar aspectos clave de la legislación laboral vigente, generó fuertes tensiones entre los distintos espacios parlamentarios y con el movimiento sindical. Sectores de la CGT y diversos sindicatos rechazaron la iniciativa mediante movilizaciones y pronunciamientos públicos, al advertir que podría implicar retrocesos en derechos laborales.

El cambio de calendario implica que, antes de la reforma laboral, el Senado continuará con el tratamiento de otras iniciativas impulsadas por el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y la denominada Inocencia Fiscal, previstas para ser votadas en la sesión del 26 de diciembre.

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo apunta ahora a consolidar acuerdos políticos que faciliten el tratamiento del proyecto a comienzos de 2026, en un contexto de fuerte debate público y presión sindical. El traslado de la discusión a febrero abre un nuevo capítulo en torno a una de las reformas más polémicas del paquete legislativo del Gobierno.

Qué plantea la reforma laboral impulsada por el oficialismo

La reforma laboral promovida por el Gobierno se justifica con el objetivo de generar más empleo formal, reducir la conflictividad judicial y actualizar normas que considera obsoletas.

Entre los principales cambios, se propone una nueva forma de calcular las indemnizaciones por despido sin causa, estableciendo un mes de sueldo por año trabajado con topes según convenio, y se habilita la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, que podría reemplazar al sistema tradicional. La iniciativa busca también disminuir la litigiosidad laboral y los costos asociados a multas e intereses, con especial énfasis en facilitar la contratación por parte de las PyMEs.

Además, el proyecto introduce mayor flexibilidad en las modalidades de contratación y en la organización de los horarios, mediante herramientas como el banco de horas y acuerdos más amplios entre empleadores y trabajadores sobre formas de pago y condiciones laborales.

Propone cambios en el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento y nuevas pautas de otorgamiento; redefine aspectos de las relaciones sindicales, con límites a las horas gremiales pagas y sanciones frente a bloqueos o tomas de establecimientos; y plantea una reducción de cargas y simplificación de la registración laboral para fomentar la formalización del empleo. Entre otros puntos, contempla la derogación de estatutos laborales especiales y la limitación de la responsabilidad empresarial en casos de tercerización.