POLÉMICA
Pirovano: le suspendieron la pensión a un joven con discapacidad que no había sido notificado para las auditorías
Ezequiel Bravo, un joven de 26 años de Pirovano que tiene una discapacidad dejó de cobrar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL). Mediante una carta documento emitida el 28 de julio pasado, se afirma que la decisión administrativa de suspenderle el beneficio se tomó porque la empresa de servicios postales no logró ubicarlo en el momento que se citó a todos los beneficiarios a actualizar sus datos ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el marco de una auditoría.
En la misiva, la ANDIS afirmó que “se realizó la correspondiente citación mediante notificación fehaciente al domicilio oportunamente suministrado por el beneficiario y de acuerdo al reporte de la empresa de servicios postales, el mismo ha resultado infructuoso debido a causas imputables a la propia persona beneficiaria, por inconsistencias en los datos brindados”. Debido a ello, el joven nunca se presentó ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La información la dio a conocer Carlos Massoni, titular de FM Alpha de Pirovano, ya que el joven, que tiene una retraso mental con rasgos de autismo, es familiar suyo. En las redes sociales del medio publicó un descargo titulado “La libertad no avanza, atrasa” y se refiere a la decisión del gobierno en torno a las pensiones por discapacidad.
“La crueldad, el odio, no tiene medida, se ensañaron con los más débiles, con los viejos, con las personas con discapacidad, con los niños. Ahora yo me pregunto, ¿los candidatos de Bolívar [en refencia a la lista de La Libertad Avanza] pueden mirar un abuelo a la cara o mirar a un padre o una madre con un hijo con discapacidad? ¿Qué le van decir? ¿No tienen un poquito de sensibilidad?", se preguntó Massoni.
La ANDIS señaló que por Decreto Nº 432/97 “se suspenderá el pago de la prestación cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por inconsistencias en los datos del domicilio declarado por él” y “cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por causales imputables al destinatario".
El documento marca también que “el presente acto no agota la instancia administrativa" sino que el beneficiario puede apelar dentro de los 20 y 30 días de haber sido notificado. En el caso del joven de Pirovano, la carta le llegó el pasado 6 de agosto según indicaron a PRESENTE desde su entorno familiar.
Las auditorías de pensiones suman más polémicas
Cabe recordar que en mayo, vecinos y vecinas de Bolívar recibieron notificaciones enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que convocaban a titulares de pensiones a presentarse con documentación médica respaldatoria en un domicilio ubicado en la calle Ignacio Rivas. Luego, la dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad dejó en claro que esa dirección “no tiene ningún vínculo con el trámite ni con la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Otro caso que sumó polémica a las auditorías del organismo fue cuando comenzó la atención en un domicilio de la avenida San Martín. En la oportunidad, algunos vecinos denunciaron que hubo "maltrato" por parte de los profesionales y una mujer cuyo certificado de discapacidad está vigente desde hace veinte años dijo a PRESENTE que le quisieron "truchar" su patología.