Una auditoría reveló que en Argentina no se inspecciona el fentanilo ni usan sistemas de control internacionales

A más de dos semanas del brote fatal por el uso de fentanilo contaminado, que ya dejó 34 personas muertas, ente ellas una bolivarense, una reciente auditoría interna del Ministerio de Salud reveló graves fallas en la trazabilidad e inspección de sustancias sujetas a control especial, como el fentanilo y la efedrina, lo que podría facilitar su desvío al narcotráfico.

Según publicó el medio Noticias Argentinas, las inspecciones están paralizadas y el software oficial de Naciones Unidas para control de drogas no está operativo, pese a haber sido adquirido por el Estado argentino. El informe, reservado y con acceso restringido en el portal del propio Ministerio de Salud, fue revelado por Radio Rivadavia.

En el mismo, se detalló que el área encargada de estas sustancias dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) funciona con apenas seis empleados, no realiza inspecciones desde hace años y no está conectada a las plataformas internacionales que permiten rastrear los movimientos de estas drogas sensibles.

Uno de los puntos más alarmantes es que Argentina no utiliza el sistema I2ES, un software gratuito de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que permite intercambiar autorizaciones de importación y exportación en tiempo real. En su lugar, el país optó por un sistema alternativo llamado NDS, desarrollado por la ONU, pero que en el mapa oficial figura solo como “instalado” y no en producción, lo que significa que no está funcionando.

El caso involucra a la empresa de Ariel García Furfaro, HLB Pharma Group, beneficiaria de un contrato de $100.000.000 firmado en marzo de 2024 con el municipio de José C. Paz, cuyo intendente es Mario Ishii. El apoderado legal del municipio en ese momento era Sebastián Nanini, quien luego quedó como propietario de la firma proveedora de los medicamentos, lo que podría configurar una posible incompatibilidad o conflicto de intereses.

Según documentación oficial obtenida por Noticias Argentinas, la operación fue avalada por el Concejo Deliberante de José C. Paz y se garantizó mediante leasing financiero con fondos de coparticipación provincial.