Allanamientos en la zona y veinte detenidos en una causa por explotación sexual infantil

Días atrás se realizaron en 65 localidades de la provincia de Buenos Aires 114 allanamientos conjuntos y coordinados en el marco de una causa denominada Operación Protección de las Infancias IV. Como resultado del amplio despliegue, 70 menores fueron rescatados de redes de explotación sexual infantil en línea, 20 personas fueron detenidas y 112 quedaron imputadas.

Más de 1.140 efectivos la Policía Federal Argentina y las fuerzas policiales de la Provincia y Ciudad, bajo la coordinación del Ministerio Público bonaerense, llevaron adelante las diligencias. El objetivo fue desarticular redes que operaban en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento estuvo coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming y con los resultados obtenidos se estableció que del total de sospechosos, 16 trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias y 67 conviven con menores de edad.

En los mismos allanamientos se secuestraron 529 dispositivos de almacenamiento, 261 celulares, marihuana, cocaína y 9 elementos no digitales, informó la agencia de noticias DIB.

Las 114 diligencias se dieron en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana. También hubo objetivos en la provincia de Tucumán.

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Uno de los lugares allanados fue la cárcel de Florencio Varela, donde la policía descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como 'búnkeres' para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Según fuentes, los internos solicitaban a sus víctimas -todas menores- que enviaran material de abuso, con el cual luego las extorsionaban a cambio de no divulgar el contenido.

Uno de los líderes de la red, condenado a 50 años de prisión por abuso sexual, mantenía carpetas organizadas con los nombres de las víctimas.