La obra social de los trabajadores rurales fue intervenida por una deuda de $ 45.000 millones

El Poder Ejecutivo publicó el lunes en el Boletín Oficial el decreto 720/2024 que oficializa la medida de quitarle a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) el control de su obra social OSPRERA. El hecho se dio luego de que el gremio celebrara que había retomado el mando, tras un largo conflicto judicial.

La medida se enmarca dentro del programa de auditorías que está haciendo la Superintendencia de Servicios de Salud en las obras sociales sindicales. A muchas de ellas las señala por fuertes irregularidades y las acusa de ser utilizadas como cajas negras para financiamiento.

Al momento de argumentar los motivos que llevaron a esta decisión, el decreto cita una auditoría realizada sobre los aspectos institucionales, prestacionales, contables y jurídicos, “que permiten advertir una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre Osprera, de incuestionable gravedad”.

Según la información aportada por El Cronista, la decisión se dio por dos factores determinantes. En primer lugar, acusaron que la deuda financiera de $43.949 millones hasta marzo de 2024, “pone en peligro la sostenibilidad de la entidad”. Además, indicaron que “presenta enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agente del sistema de salud”.

En ese marco, podría ser investigado el otorgamiento de una ayuda financiera recibida en octubre del año pasado de $ 3350 millones que debía subsanar deudas contraídas por la obra social. Las acusaciones recaen en que desde ese mes y hasta marzo de 2024, la obra social incrementó un 63% sus deudas, pasando de $ 27.000 millones a $ 44.000 millones. A esto se le debe sumar más de $ 1000 millones de deudas con hospitales y clínicas.

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A su vez, desde la Superintendencia de Servicios de Salud dieron cuenta de los problemas de administración de OSPRERA que "nunca presentó un informe, ni memorias ni balances en más de un año". También se consignó que de los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, un 90% dijo que no ya no tenían convenio.

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