Brindarán información sobre una ordenanza que el municipio de Bolívar no quiere reglamentar

El próximo martes 25 de junio a las 19 horas, el abogado especialista en derecho ambiental Fernando Cabaleiro, brindará una charla abierta en la biblioteca Rivadavia de Bolívar. En la oportunidad, se referirá al principio de progresividad ambiental y a la ordenanza local sobre el uso de agroquímicos que tras siete años de haber sido sancionada, no está en cumplimiento efectivo.

La actividad es organizada por el Colectivo Tierra Viva Bolívar con el objetivo de colocar en la agenda mediática y política la ordenanza 2459/17 que trata la regulación del uso de agroquímicos en el Partido y resta que se reglamente para que sea efectiva.

“La idea es hablar de nuestra ordenanza local que es una de las más progresivas de la provincia de Buenos Aires, en el contexto del derecho nacional e internacional y de la jurisprudencia que va sentando en estas temáticas la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires”, indicó Mónica González, integrante de la agrupación organizadora.

Desde el Colectivo Tierra Viva Bolívar reconocen que la ordenanza “es resistida por algunos sectores ruralistas organizados porque no conciben virar a un modelo productivo agropecuario que no se base en la utilización de agroquímicos y transgénicos, que crece exponencialmente a pesar de los daños colaterales a la salud del ambiente y las personas, que produce”.

De esta manera, quienes integran la agrupación bregan por la implementación de la ordenanza que fue sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante local. “El Departamento Ejecutivo con los correspondientes estamentos implicados en su cumplimiento (Ambiente, Producción, Salud, Legal) no generan acciones de ningún tipo para que ello suceda efectivamente”, afirmaron.

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No obstante eso, “la normativa está vigente y es necesario que comience a cumplirse, aunque sea en pasos sucesivos. En este sentido, desde el Colectivo Tierra Viva buscamos el acompañamiento del Ministerio de la Defensa Pública del Departamento Judicial de Azul y se concretaron dos reuniones con el municipio para establecer algunos compromisos y avanzar con la implementación”.

Algunos compromisos asumidos por la municipalidad, que fueron plasmados por escrito pero aún no se cumplen son: implantar barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales; señalizar con carteles las zonas de exclusión y amortiguamiento para las fumigaciones alrededor de esas escuelas; generar capacitaciones para agrónomos, aplicadores, productores y notificar a los productores que se hallan en las zonas de exclusión más sensibles para que hagan una transición hacia otras prácticas agrícolas.

“Se sigue dilatando y la interpretación que hacemos es que el gobierno municipal es sensible y obedece a las presiones de sectores que claramente resisten la ordenanza. Incluso sabemos que ha habido intentos o propuestas acercadas al HCD para modificarla al punto de prácticamente derogarla”, indicaron desde el Colectivo al respecto.

Ante este panorama, “queremos visibilizar que hay un marco de derecho ambiental que indica que en materia de protección no hay regresividad posible, que siempre debe legislarse para lograr mayores estándares de protección ambiental, nunca para disminuirlos”, agregaron.

La agrupación propone también que se implementen políticas públicas desde el municipio para “impulsar otro modelo agrícola que es el de agroecología”. En ese sentido, anunciaron que trabajan en un proyecto de ordenanza de Fomento de la Agroecología. “Sería el segundo que presentamos, ya que el anterior fue en 2018 y nunca fue tratado por el HCD de ese momento”, dijeron por último.

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