La Cámara Nacional del Trabajo decidió ante un recurso de amparo de la Confederación General del Trabajo (CGT) la suspensión de la reforma laboral incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional. Se trata de la primera decisión que pone un freno al paquete de medidas presentado por Javier Milei.

La decisión de decretar una medida cautelar que suspende el tramo de modificaciones laborales del DNU 70/2020, fue dividida. Los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior resolvieron frenarlos y la tercera jueza, Dora González, sostuvo que el caso había que pasarlo a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

“Los propios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidenciaría objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera, hipotéticamente intentar justificarse en la referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, sostuvo Sudera en su votación.

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Además, entre los fundamentos del fallo contra la reforma laboral por DNU, para los jueces que votaron a favor de la suspensión, el DNU establece "importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario,ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc".

También, mencionaron que "las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores, tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como “leyes antievasión” (leyes 24013, 25323 y ley 25345 modificatoria de la ley 20744 -arts. 15, 80 y 132 bis LCT- y de la ley 24013)".

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