Un abogado de Bolívar llevó a PAMI ante la Justicia por un tratamiento de alto costo

Una paciente que padece una enfermedad progresiva debió atravesar dos meses de reclamos administrativos y judiciales para conseguir que PAMI autorizara la entrega de una medicación de alto costo que le había sido indicada por sus médicos. El caso requirió la intervención de un abogado de Bolívar, Gustavo Morales, quien presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Pehuajó.

Según relató el profesional en diálogo con PRESENTE, la obra social se había negado inicialmente a autorizar el tratamiento y, pese al intercambio de cartas documento y a la presentación de la documentación médica requerida, mantenía su postura. Entre los argumentos utilizados, había señalado que faltaba un estudio para evaluar la solicitud, aunque la enfermedad ya se encontraba diagnosticada.

Morales explicó que uno de los planteos de PAMI estaba relacionado con un estudio complementario que, a su entender y del médico que atendió a la paciente, no resultaba determinante para establecer el diagnóstico ni para justificar la medicación indicada.

Ante la falta de respuestas, decidió avanzar por la vía judicial y solicitar una medida cautelar que obligara a PAMI a entregar el medicamento. En ese marco, se realizó una audiencia con el juez, en la que participaron el abogado y la paciente.

Durante el encuentro, Morales consideró importante que la mujer pudiera explicar personalmente qué enfermedad atravesaba, cómo afectaba su vida cotidiana y cuáles eran las consecuencias de no recibir el tratamiento. Se trataba de una patología progresiva que, sin la medicación indicada, podía continuar avanzando.

En la audiencia, el representante de PAMI volvió a plantear que faltaba un estudio. La paciente se comprometió a presentarlo y lo hizo inmediatamente. Finalmente, la obra social autorizó la entrega de la medicación y el juez no llegó a dictar la medida cautelar solicitada.

Otros casos similares

Morales advirtió, además, que el caso no es aislado y contó que actualmente tiene otros dos reclamos en curso por dificultades para acceder a la misma medicación. Desde su perspectiva, el accionar de PAMI tiene el objetivo de ahorrar dinero y para eso su equipo de legales trata de dilatar los procedimientos.

Sin ir más lejos, uno de los argumentos que había recibido inicialmente fue que el medicamento no contaba con autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Sin embargo, el abogado contó que investigaron y comprobaron que el producto sí estaba aprobado.

El proceso desde que se inició la solicitud hasta que la paciente logró la autorización duró dos meses. "En todo ese tiempo la paciente sufre un estrés y un nivel de ansiedad terribles. En esta situación hay más personas también, en este momento tengo dos casos más que tienen este problema con la misma medicación", sostuvo Morales.

En su relato, también diferenció la situación de la oficina local de PAMI del funcionamiento de los niveles que resuelven este tipo de autorizaciones y destacó la buena atención de los trabajadores locales.