La Justicia ordenó a las petroleras informar los aumentos de combustibles antes de aplicarlos

La Justicia Federal declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía que había eliminado la obligación de informar previamente los aumentos en los combustibles. A partir de este fallo, las empresas del sector deberán volver a comunicar las modificaciones de precios antes de que entren en vigencia.

La decisión fue adoptada en el marco de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que cuestionó la derogación del Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor. Ese mecanismo permitía que el Estado conociera con anticipación las variaciones de precios y facilitaba el acceso a esa información por parte de los consumidores.

Qué sostuvo la Justicia

En la sentencia, el juez consideró que la eliminación de esa obligación afectaba el derecho de los consumidores a recibir información adecuada, veraz y oportuna, una garantía contemplada en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el fallo, contar con información previa sobre las modificaciones de precios resulta esencial para que los usuarios puedan tomar decisiones de consumo con mayor conocimiento.

Además, el magistrado aclaró que el sistema de información previa no implicaba un control estatal sobre los precios de los combustibles ni restringía la libertad de las empresas para definir sus valores de venta. Su finalidad era exclusivamente garantizar la transparencia en la comunicación de las subas y asegurar que tanto el Estado como los consumidores tuvieran acceso a esa información antes de su entrada en vigencia.

Qué cambia a partir del fallo

Con esta resolución, queda sin efecto la medida que había eliminado el sistema de información previa, por lo que las petroleras deberán volver a notificar los aumentos antes de aplicarlos. Sin embargo, el fallo no limita la libertad de las empresas para fijar los precios, sino que restablece la obligación de comunicar esos cambios al Estado.

La decisión representa un revés para una de las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional y podría modificar la forma en que se anuncian las futuras actualizaciones de los combustibles en las estaciones de servicio de todo el país.