CIBERSEGURIDAD
Violencia digital: la fiscal Sebastián explicó cómo preservar pruebas ante delitos de grooming, sextorsión y amenazas
La titular de la Fiscalía 15 de Bolívar, Dra. Julia María Sebastián, encabezó una capacitación sobre violencia digital en el marco del XXI Encuentro Educativo, Cultural y Tecnológico, donde hizo hincapié en la importancia de preservar la evidencia digital ante posibles delitos y explicó cuál debe ser la intervención de las instituciones educativas frente a estas situaciones.
La actividad, titulada "Violencia digital: del resguardo de la evidencia a la intervención escolar", estuvo dirigida a equipos de conducción de establecimientos educativos, integrantes del CIIE y estudiantes del CePEAC. También participaron el psicólogo y director municipal de Niñez, Adolescencia y Familia, César Tordó, y el comisario inspector Ezequiel Luna, jefe de la DDI local.
Uno de los principales mensajes de la exposición estuvo orientado a las primeras acciones que deben adoptar las familias y los adultos responsables cuando un niño, niña o adolescente revela haber sido víctima de un delito en entornos digitales.
Sebastián advirtió que una reacción habitual consiste en borrar conversaciones, eliminar contenido o bloquear al agresor, pero explicó que esas acciones pueden hacer desaparecer evidencia fundamental para la investigación. En ese sentido, recomendó conservar los chats, imágenes, audios y demás material, evitar modificar el dispositivo y, de ser posible, colocarlo en modo avión hasta que pueda ser analizado por los especialistas.
La fiscal también señaló que, en casos de mensajes temporales o efímeros, resulta conveniente realizar capturas de pantalla o fotografiar la información con otro teléfono para registrar números, perfiles de redes sociales, direcciones de correo electrónico y otros datos que permitan identificar al responsable.
Grooming, sextorsión y difusión de imágenes
Durante la capacitación, Sebastián repasó los principales delitos que hoy se presentan en entornos digitales, entre ellos las amenazas, la coacción, la extorsión —conocida como sextorsión cuando se utiliza material íntimo para exigir dinero o beneficios— y el grooming, incorporado al Código Penal en 2013.
Explicó que el grooming consiste en el acoso sexual de personas adultas hacia niños, niñas y adolescentes mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos u otras plataformas digitales, con el objetivo de obtener imágenes íntimas o concretar delitos contra la integridad sexual. También advirtió sobre la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil y sobre los accesos ilegítimos a cuentas o dispositivos para obtener o difundir información privada.
Asimismo, remarcó que la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas constituye una forma de violencia digital, incluso cuando ese material haya sido generado originalmente con el consentimiento de las personas involucradas, y alertó sobre las consecuencias que este tipo de hechos provoca en adolescentes por el impacto emocional y social de la viralización.
El rol de las escuelas
La exposición estuvo especialmente orientada a docentes y directivos, a quienes la fiscal definió como referentes fundamentales fuera del ámbito familiar para detectar situaciones de violencia digital y acompañar a las víctimas.
En ese sentido, explicó que una intervención adecuada permite preservar la prueba, evitar la revictimización y facilitar la actuación de la Justicia. También recordó que, cuando los hechos involucran delitos contra la integridad sexual de menores, la legislación prevé mecanismos específicos como la declaración mediante Cámara Gesell para proteger a las víctimas durante el proceso judicial.
Dónde denunciar
Sebastián indicó que las denuncias pueden radicarse en la Comisaría de Bolívar, la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Sub DDI o la Fiscalía descentralizada. En Pirovano también pueden realizarse en el destacamento policial y, en Urdampilleta, en la subcomisaría.
Precisó además que, cuando se trata de ciberdelitos, grooming o delitos vinculados con material de abuso sexual infantil, las actuaciones son derivadas a la Fiscalía especializada con sede en Azul, sin perjuicio de las primeras medidas que se adoptan en el ámbito local para preservar la evidencia digital.