La Corte pidió al Gobierno nacional una propuesta de pago por la deuda con la provincia de Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Gobierno nacional y a la ANSES que presenten una propuesta concreta de pago antes del 10 de junio por la deuda que mantiene con la provincia de Buenos Aires, estimada en más de $2,3 billones.

La definición se produjo durante una audiencia realizada este martes, en la que participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a funcionarios provinciales.

El planteo está vinculado a transferencias previsionales que, según la provincia, fueron interrumpidas. Se trata de fondos que la ANSES debe girar a las jurisdicciones que mantienen cajas jubilatorias propias, dentro del esquema de financiamiento previsional y coparticipación.

Estas cajas no transferidas continúan bajo administración provincial, pero cuentan con un sistema de asistencia nacional acordado entre Nación y provincias.

Declaraciones tras la audiencia

Tras el encuentro, Kicillof detalló el alcance del reclamo y el resultado de la audiencia: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es una deuda de 2,3 billones de pesos vinculada a las cajas de jubilaciones no transferidas. Son recursos que corresponden a la provincia de Buenos Aires en función de acuerdos vigentes y que han sido interrumpidos en su envío”.

En ese sentido, agregó: “En la audiencia se estableció que el Ministerio de Economía de la Nación y la ANSES deberán presentar el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago. Es un paso en un proceso que la provincia viene impulsando desde hace más de dos años”.

Otros reclamos ante la Corte

Además de este expediente, la provincia de Buenos Aires mantiene otras presentaciones ante la Corte Suprema vinculadas a distintos fondos nacionales. De acuerdo con información oficial, el total de los reclamos supera los $15 billones e incluye recursos destinados a seguridad, transporte, educación, infraestructura y otros programas.

Próximos pasos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó el 10 de junio como fecha límite para que el Gobierno nacional presente una propuesta de pago. A partir de esa instancia, el proceso judicial continuará en función de la respuesta oficial y de las definiciones que adopte el tribunal.