La Comisión Provincial por la Memoria presenta en Bolívar su informe anual sobre políticas de encierro

El próximo jueves 20 de noviembre desde las 17 horas, tendrá lugar en Bolívar, precisamente en la biblioteca Alcira Cabrera, la presentación del informe anual 2025 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El trabajo lleva por nombre ‘El sistema de la crueldad’ y trata sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires.

La presentación se realiza en el marco de una política de difusión de la CPM en distintos distritos y en Bolívar en particular porque desde 2025 funciona una delegación conformada por profesionales, que se aboca al programa de inspección que realiza monitoreos en las unidades 17 de Urdampilleta y 30 de General Alvear. 

Según un comunicado de prensa emitido desde la CPM, el informe da cuenta de “un conjunto de prácticas ilegales y violentas del Estado que derivan de la orientación de la política criminal y que configuran graves violaciones a los derechos humanos”. En 2024 la organización registró más de 64.605 hechos de tortura y malos tratos y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia. 

A su vez, sostiene que aumentó la cantidad de personas detenidas, la sobrepoblación y las muertes por problemas de salud no asistidos en cárceles bonaerenses. También, “se incrementaron los casos de uso letal de la fuerza policial y la cantidad de menores de 16 años detenidos. Desde hace más de 20 años, todos los gobiernos implementan una política criminal asentada en las premisas del punitivismo, la mano dura y la saturación policial de los territorios sostenidas en la práctica sistemática de la tortura, la deserción del poder judicial como garante de derechos y el endurecimiento regresivo de leyes procesales y penales”.

La CPM monitorea lugares de encierro y el despliegue policial en el territorio de la provincia de Buenos Aires hace 20 años. El trabajo actualmente se realiza en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, conforme la ley nacional 26.827. En 2024 el organismo realizó 866 inspecciones en cárceles, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas; y casi 48.000 entrevistas o comunicaciones con víctimas de violencia estatal que denunciaron, al menos, 80.635 hechos de violaciones a los derechos humanos.

El organismo sostiene que el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande de la Argentina, crece cada año y las fuerzas de seguridad “saturan los territorios con más patrulleros y policías, más que prevenir el delito lo regulan y cumplen una función de gobierno o control de estas poblaciones”. En ese sentido, informó que entre el 2019 y el 2023 las aprehensiones policiales fueron en promedio 295.752 por año, el 14% de esas personas fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y el 6% llegó al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisión preventiva o condena por acreditarse judicialmente esa imputación. Es decir, el 86% de las aprehensiones policiales "no se vincula con la comisión de delitos sino con el control y gestión de poblaciones excluidas y estigmatizadas”.

Además, marcó que “la tortura sigue siendo una práctica sistemática: solo la CPM relevó más de 64.605 hechos de tortura y malos tratos y al menos 16.030 hechos de nulo acceso a la justicia”. También afirmó que “la prisión preventiva, el juicio abreviado y la escasa aplicación de institutos liberatorios acorde a la ley, son las herramientas principales en el sostenimiento de la política de encierro de la Provincia. Durante 2024 se dictaron 21.164 prisiones preventivas, un aumento del 7% respecto a 2023. La prisión preventiva es la detención de una persona sin estar aún condenada por el delito que se le imputa”.

Otro de los datos trascendentes que emitió la CPM es que en 2024 murieron 422 personas bajo custodia del Estado o por uso letal de las fuerzas de seguridad. En la misma línea, puntualizó que “la letalidad policial aumentó de 117 casos registrados en 2023 a 122 en 2024, en promedio 10 muertes por mes. El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años; se registraron 26 casos (21%) de menores de edad: la víctima más joven tenía 7 años".

"En cárceles aumentó significativamente la cantidad de personas fallecidas: de 206 en 2023 a 286 en 2024. En cárceles y alcaldías subió de 156 a 218: 194 muertes (9 de cada 10 casos) fueron por problemas de salud, 21 suicidios y 3 homicidios. La gravísima situación de la salud penitenciaria provoca muertes evitables: no hay acceso a una atención primaria básica, faltan profesionales y medicamentos y no se cumplen tratamientos ni estudios complejos”, agregaron. 

Por otro lado, sobre la actuación policial y penitenciaria, la organización afirmó que “se convalida en la Justicia que rechaza las denuncias por torturas o muertes y consagra la impunidad, 9 de cada 10 causas son archivadas luego de una deficiente o nula investigación”.

De esta manera, el informe que se presenta cada año expone un diagnóstico detallado de lo que sucede y denuncia las “graves violaciones a los derechos humanos que derivan de la aplicación de las políticas de mano dura como única orientación de la política criminal". Por eso, no es sólo un documento, sino un insumo para la intervención del Estado en materia de protección y garantía de derechos.

“El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son responsables de esta situación crítica. Cada uno de estos eslabones funciona en sintonía y de manera aceitada. Lejos de mejorar la seguridad ciudadana, degrada el sistema republicano y no respeta ni garantiza derechos constitucionales. Seguimos insistiendo: no hay democracia sin plena vigencia de derechos humanos. Reformular esta política criminal es un imperativo de nuestro presente”, termina el comunicado de la CPM.