2025-10-22

DISCAPACIDAD

Por orden judicial, la ANDIS reanudó las pensiones suspendidas a personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad restableció las pensiones no contributivas suspendidas, en cumplimiento de un fallo judicial publicado en el Boletín Oficial.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restableció el pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas. La medida, formalizada mediante la Resolución 12621/2025, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y fue firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

La decisión se tomó en cumplimiento de una orden del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que dispuso la reactivación inmediata de las prestaciones para las personas afectadas.

El fallo judicial fue emitido en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo Ley 16.986 c/ cautelar”, impulsada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados.

El tribunal resolvió hacer lugar a una medida cautelar, ordenando a la ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas, abonar los haberes retenidos y abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva.

Esta resolución fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y universidades que acompañaron el reclamo, al considerar que protege los derechos sociales de las personas con discapacidad.

En lo que respecta a Bolívar, se esperará a que llegue la información oficial para dar declaraciones. De todos modos, los trámites referidos a las suspensiones de las pensiones se realizaron en Anses, luego de corroborar en la cuenta bancaria que no se había depositado el dinero correspondiente.

 

Qué dispone la Resolución 12621/2025 publicada en el Boletín Oficial

 

La resolución oficial establece en su Artículo 1° dejar sin efecto las suspensiones de las pensiones por invalidez laboral y reanudar los pagos correspondientes.

En tanto, el Artículo 3° instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no iniciar ni continuar auditorías sobre los beneficios mientras esté vigente la medida judicial.

Además:

  • Ordena notificar a las personas beneficiarias sobre el restablecimiento de sus pensiones.
  • Determina que los pagos se cubrirán con las partidas presupuestarias disponibles.
  • Solicita a la ANSES coordinar la reactivación de los haberes suspendidos.

La medida se dicta en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención del organismo por 180 días y designó a Vilches como interventor.

 

Antecedentes del conflicto y actores que impulsaron la medida

 

Las acciones judiciales en defensa de los pensionados fueron impulsadas por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Estas organizaciones cuestionaron las auditorías implementadas por la ANDIS, que habían derivado en suspensiones masivas de pensiones por invalidez desde mediados de 2025. Argumentaron que las medidas vulneraban derechos constitucionales y generaban un impacto económico y social en miles de hogares.

 

Qué implica la decisión para los beneficiarios

 

Con el cumplimiento de la orden judicial, las personas con discapacidad cuyos haberes habían sido interrumpidos volverán a cobrar sus pensiones. Además, la medida garantiza que no se producirán nuevas suspensiones hasta que la Justicia resuelva el fondo de la causa.

El restablecimiento de los pagos representa un alivio inmediato para los beneficiarios y sus familias, y refuerza la obligación del Estado de asegurar la continuidad de las prestaciones sociales.

Las pensiones no contributivas por invalidez son un beneficio destinado a personas con discapacidad que no pueden acceder a un empleo formal y carecen de recursos suficientes. Son otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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