Diputados aprobó el aumento a los jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad

El último miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por una amplia mayoría un paquete de medidas que incluye el aumento del 7,2% para jubilados y pensionados, la suba del bono extraordinario de $70.000 a $110.000 con actualización inflacionaria y la restitución de la moratoria extraordinaria por dos años.

El proyecto obtuvo 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. Dicha presentación fue acompañada por los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda e Independencia, Encuentro Federal y Democracia para siempre. Por su parte, los bloques de La libertad Avanza y el PRO se posicionaron en contra en las provincias. Mientras que la Coalición Cívica en conjunto, se abstuvo de la votación.

Como resultado de la decisión parlamentaria que busca cubrir las necesidades de los adultos mayores, quien se sumó al debate fue el presidente de la Nación, Javier Milei, quien enfatizó que vetará la medida, si la misma representara un obstáculo para su objetivo económico, el déficit cero. “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, expresó.

Por otra parte la Moratoria Previsional, que venció el pasado 31 de marzo, fue incluida en el paquete aprobado. Logró 111 votos positivos, 100 negativos y 15 abstenciones.

Discapacidad en Emergencia

Este jueves, como resultado de una extensa y polémica sesión, la Cámara de Diputados de la Nación dio luz verde y declaró la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta 2027. 

Con 143 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abyecciones se le dio media sanción a un conjunto de medidas legislativas, administrativas y económicas, orientadas a garantizar los derechos sociales de las personas con discapacidad.

La propuesta legislativa apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con Discapacidad, (Instituciones, escuelas, transportistas, terapeutas y hogares) actualmente regulado bajo la Ley 24.901.

Daniel Arroyo, diputado de UXP y principal impulsor de la sanción expresó: "Es una ley que está fuera de la grieta y busca atender lo que es una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y las personas con discapacidad".

El proyecto busca actualizarse económicamente,  principalmente con los prestadores de servicios como transportistas y los terapeutas. También contempla aumentar los fondos para los salarios de personas con discapacidad.