Aseguran que hay casi mil obras paradas en la Provincia: Bolívar entre los municipios más afectados

La suspensión de obras públicas en la provincia de Buenos Aires ha impactado de lleno a municipios como Bolívar. La decisión implica un recorte de 4,4 billones de pesos que debieran ser destinados a infraestructura de salud, educación y transporte, entre otras áreas. Según el gobernador, Axel Kicillof, se han realizado "esfuerzos" desde la administración bonaerense pero advirtió que prontó habrá mayores limitaciones.

Entre los municipios con mayor cantidad de proyectos detenidos se encuentran Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes, y San Miguel, mientras que Bolívar reporta un total de 7 obras paralizadas.

"La suspensión de la obra pública en Buenos Aires refleja una deserción del Estado nacional en sus obligaciones de desarrollo y derechos básicos", afirmó Kicillof en declaraciones a Ámbito Financiero.

¿Qué sectores están más afectados?

El gobierno bonaerense destaca que son 946 las obras detenidas:

• 151 proyectos viales: nuevas autopistas, pavimentación y caminos rurales.
• 469 obras hídricas y de saneamiento: plantas depuradoras, desagües pluviales y redes de agua potable.
• 326 proyectos de infraestructura básica: hospitales, comisarías, centros de salud y escuelas.

En el caso de Bolívar, PRESENTE consultó al intendente Marcos Pisano sobre cuáles eran los proyectos frenados y apuntó los siguientes:

• Desarrollo urbanístico Procrear de 240 viviendas
• Edificio para el Instituto de Formación Docente y Técnica N° 27
• Planta depuradora de residuos cloacales
• Red de cloacas en la localidad de Urdampilleta
• Colectoras en la Ruta Nacional 226
• Radar meteorológico
• Asfalto en barrios de Bolívar

En tanto, aquellas obras financiadas directamente por el gobierno provincial, como la renovación del sistema de agua potable, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 'Ramón Carrillo' y la Casa de la Provincia, avanzan pero lentamente.

El reclamo de la provincia

Para Kicillof, el freno en la obra pública es parte de una política nacional que se enfrenta a los intereses provinciales. Por ello, ha instado a que el Estado nacional reactive estas iniciativas o, en su defecto, proporcione apoyo económico a la provincia para garantizar la continuidad de proyectos críticos.