"Mamarracho legislativo": bronca de ambientalistas por una ordenanza que votó el Concejo Deliberante

Tras la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante del pasado jueves 15 de agosto, el Colectivo Tierra Viva emitió un comunicado a modo de descargo por la aprobación de una ordenanza que modifica puntos centrales de la normativa que regula el uso de agroquímicos en el partido de Bolívar.

“El Honorable Concejo Deliberante resolvió por unanimidad que en Bolívar hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, es el encabezado del comunicado que compartió el Colectivo Tierra Viva local. Se trata de la aprobación de una modificación de la ordenanza 2459/17 que trata la regulación del uso de agroquímicos.

Tal como detalla el texto publicado, la normativa que “prácticamente no se ha aplicado en los seis años y medio que lleva de aprobada”, establece zonas de resguardo de 1000 metros alrededor de zonas urbanas, escuelas rurales, viviendas rurales habitadas, pozos de bombeo y cuerpos y cursos de agua en todo el Partido.

“La distancia no es caprichosa. Existe abundante evidencia científica que muestra los riesgos sanitarios de habitar a menos de 1000 metros de campos fumigados. Y hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que sostiene que debe ser esa la distancia mínima a proteger en virtud de la evidencia”, explicaron desde la agrupación.

En octubre de 2021, desde el Colectivo Tierra Viva, analizaron muestras del agua de red de Bolívar, Urdampilleta y Pirovano en un laboratorio especializado de la Universidad Nacional de La Plata. En las tres localidades se encontraron contaminación por agroquímicos (Acetocloro, Atrazina, Clorpirifos, Epoxiconazol, Permetrina, Prometrina y Tebuconazol).

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“Pusimos la información a consideración del gobierno municipal pero no fue tomada en cuenta con el argumento de que los análisis que hace el municipio dan resultado negativo. Pero en realidad dan negativo porque, en lugar de buscar los principios activos que se usan en la actualidad, se restringen a los establecidos en el Código Alimentario Argentino, que tiene un atraso de más de veinte años. La Cooperativa Eléctrica de Urdampilleta, en cambio, nos dio la razón difundiendo a los pocos días un comunicado, supuestamente tranquilizador, informando que 'los contenidos de organofosforados en el agua de red están por debajo del máximo permitido por el Código Alimentario'. Las perforaciones de bombeo para consumo humano tienen alrededor de 100 metros de profundidad, ¿van a esperar que los contaminantes superen los márgenes establecidos por el Código Alimentario para tomar alguna medida?”, continúa el comunicado.

En tanto, la ordenanza que “aprobaron irresponsablemente” las y los concejales de los bloques en la última sesión del HCD, suspende por “tiempo indeterminado” la aplicación del artículo que determina la zona de resguardo de 1000 metros alrededor de todas las zonas protegidas, incluidas las zonas de bombeo de agua para consumo humano, exceptuando solamente el área urbana de la ciudad de San Carlos de Bolívar.

“Semejante engendro, establece que en el partido de Bolívar hay ciudadanos de primera (los habitantes de San Carlos de Bolívar), que merecen ser protegidos y ciudadanos de segunda (los habitantes rurales y de las otras localidades del Partido), que pueden ser expuestos sin inconvenientes a la aplicación de agrotóxicos”, expresaron desde el Colectivo.

Además, en el descargo, dieron cuenta que la normativa se aprobó sin debate en el recinto, dentro de un paquete de proyectos con despacho de comisiones, acordados entre los jefes de bloques. Al respecto, indicaron que se trata de “una práctica legislativa propia de una democracia de paupérrima calidad, tutelada por intereses económicos del agronegocio. Y se aprobó sin debate, porque ni los concejales, ni los autores intelectuales de tal mamarracho legislativo, pueden esgrimir un solo argumento científico ni jurídico para defender lo que votaron”.

El Colectivo Tierra Viva afirmó además que en sus ocho años de existencia solicitaron en varias ocasiones un debate público y abierto sobre el uso de agroquímicos en el partido de Bolívar. Sin embargo, “tanto los políticos con posibilidades de acceso al poder, como los representantes del sector agropecuario nunca tuvieron el valor ni la voluntad de sentarse a debatir”. 

Por último desde la agrupación anunciaron que pedirán ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense la derogación de la ordenanza y “seguiremos insistiendo en la necesidad de cambiar un sistema productivo dependiente de venenos y enfocado en generar dinero, por otro, centrado en la producción de alimentos, económicamente viable, ambientalmente sustentable y socialmente aceptable”.

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